consejo de la magistratura
Denuncian a la jueza Arroyo Salgado ante el Consejo de la Magistratura "por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones"
Este viernes los consejeros Mariano Recalde y Vanesa Siley presentarán una denuncia contra la jueza Sandra Arroyo Salgado por la detención ilegal de cinco militantes políticos tras el escrache realizado a José Luis Espert. Leer más
El Consejo de la Magistratura desvinculó a un alto funcionario por autoaumentarse el sueldo
Federico Vincent es ex subadministrador general del organismo. Lo defenderá José María Ubeira, el abogado de Cristina Kirchner. No es el primer escándalo que enfrenta. Leer más
"Muy angustiada": el conflicto de la pyme bloqueada llegó al Consejo de la Magistratura
CÓRDOBA.- Después de que, hace una semana, la Justicia ordenara un embargo preventivo por $167 millones contra Lácteos Vidal a pedido de operarios de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), el caso llegó ahora al Consejo de la Magistratura de la Nación. El abogado de la firma pidió que "se investigue" la decisión y "se determine si los hechos configuran o no causal de mal desempeño y/o delito", en referencia a los jueces que vienen interviniendo en las distintas etapas del caso.Alejandra Bada Vázquez, propietaria de Lácteos Vidal, dijo a LA NACION que está "muy angustiada" por la situación que se vive. "Siento que a nadie le importa cuánto cuesta mantener una empresa a flote", expresó.La resolución del juez nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 69, José Ignacio Ramonet es la última de un proceso que comenzó hace casi tres años a partir del bloqueo gremialista de la planta de la localidad bonaerense de Moctezuma (partido de Carlos Casares) y en la planta y centro de distribución en Villa Devoto. Ese conflicto derivó en 26 despidos. Esa situación derivó en un amparo de Atilra. "Administración fraudulenta": un productor irá a juicio por la desaparición de casi 2000 vacas valuadas hoy en US$1 millónLa definición de Ramonet sobre el embargo se conoció horas antes de una audiencia de conciliación en la que la láctea volvió a presentar la oferta de pagar el 50% de las indemnizaciones reclamadas por los exempleados. Participó el abogado del gremio, Alberto Coronel, y, según la empresa, no estuvo el juez Ramonet, que delegó la convocatoria en su secretaria.En ese contexto, el apoderado de Lácteos Vidal, Eduardo Darriba, presentó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura en la que se señalan diferentes aspectos que -desde el punto de vista de la empresa- no corresponden. Por ejemplo, menciona que la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo "se arroga la facultad de usar discrecionalmente dicha prohibición porque se arrogan la potestad de ver qué recursos conmueven la inapelabilidad legalmente dispuesta y lo peor de todo es que lo dicen expresamente una y otra vez. Los jueces no están facultados para decidir cuándo se aplica un artículo de una norma procesal y cuándo no, menos si no declaran la inconstitucionalidad del mismo y menos aún si utiliza dicho argumento de maneras diferentes según se trate de una u otra parte del proceso". La presentación apuntó contra los jueces de esa sala Álvaro E. Balestrini y Roberto C. Pompa. Comunicado"No estamos haciendo una denuncia por el contenido de las sentencias ni por lo decidido por los jueces, sino que la estamos haciendo porque no se aplicó la ley que debía aplicarse al caso y cuando se lo hizo fue para perjudicar solo a una de las partes", precisa el texto."Una capa de costos menos": el Gobierno tomó una medida de alto impacto para la maderaLa Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel) se solidarizó con la empresa este martes: "Se ha visto casi cercenada de su legítimo derecho a defenderse en sede judicial y a la fecha sigue siendo objeto de injusticias, tal como ocurre con la última resolución judicial".La entidad hizo referencia al "hostigamiento permanente de Atilra contra Lácteos Vidal SA que busca perjudicar a la empresa de todas las formas posibles y también nos consterna cómo algunos miembros de la Justicia (como ocurre en este caso), se encuentran alejados de la realidad y del derecho, sin que se ponderen las consecuencias directas que algunas de sus acciones, tales como las que han jaqueado a Lácteos Vidal SRL y que aún sigue padeciendo".Añadió que la empresa es "embargada por una estrepitosa y millonaria suma, que de manera 'arbitraria' el magistrado Ramonet impone sin respetar el acabado cumplimiento de la ley, de la norma procesal y de las formas, de modo de otorgar la seguridad jurídica, que tal como se verifica, no existe en este caso".
Aprueban la acusación contra el juez Bailaque en el Consejo de la Magistratura y avanza el jury
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura votó por unanimidad la acusación contra el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, acusado de extorsión y de proteger a narcotraficantes y avanza su posible juicio político.La comisión está presidida por el senador del Pro Luis Juez y el dictamen acusatorio fue del consejero diputado Álvaro González, y de Alberto Maques, consejero en representación de los abogados. La decisión de acusar a Bailaque en un jury ahora debe votarse en el plenario del Consejo de la Magistratura para que el juez Bailaque sea enviado a un Jury de Enjuiciamiento.Bailaque presentó la última semana su renuncia al cargo de juez de modo de hacerla efectiva a partir del 1° de julio. La decisión de aceptarla o no está en manos del Poder Ejecutivo. En caso de rechazarla, el juez continuará bajo investigación del Consejo de la Magistratura.El magistrado, acusado de actuar en connivencia con narcotraficantes y de extorsionar a empresarios, permanece en su casa, con arresto domiciliario.El magistrado decidió presentar un escrito en su defensa en el expediente 129/2024, donde se investiga su conducta. La Comisión de Acusación analiza el asunto porque es probable que el Gobierno no le acepte la renuncia a Bailaque, para que siga siendo juez y en tal condición enfrente un jury que acabe con su destitución.La diferencia entre la destitución y la renuncia es que en este último caso tendría derecho a cobrar su jubilación. A finales de mayo, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad tres acusaciones contra el juez Bailaque. Los cargos que pesan sobre el juez y podrían apartarlo de sus funciones son tres. Se lo acusa, por un lado, de haber actuado con imparcialidad en causas asociadas a Esteban Lindor Alvarado, un líder narco de Rosario, con quien Bailaque, entre otras cuestiones, compartió contador. Se trata de Gabriel Mizzau, cuyo hijo, además, trabajó en el juzgado de Bailaque.A pesar de tener estos vínculos con Alvarado, el juez Bailaque no se apartó de causas en las que se lo investigan e, inclusive, habría obstaculizado algunas medidas de prueba, como intervenciones telefónicas."En concreto se ha analizado si la relación entre el doctor Bailaque y su amigo Mizzau pudo haber afectado el avance de una causa contra Esteban Alvarado", dijo Álvaro González, que encabezó la investigación del Consejo y el proyecto de citación.El segundo cargo contra el juez es haber armado una causa trucha contra el empresario y agente bursátil Claudio Iglesias para extorsionarlo, una maniobra que habría requerido la colaboración del financista Fernando Whpei, amigo de Bailaque, y el extitular de la AFIP rosarina, Carlos Vaudagna, que declaró como arrepentido y señaló que la causa fue, en efecto, orquestada.El tercer cargo formulado contra el juez surge de en una causa en la que debió investigar a Whpei. La entidad financiera de su amigo habría sido "indebidamente beneficiada", según describió Álvarez."En los tres cargos se que se imputan al doctor Marcelo Bailaque haber incurrido en mal desempeño de sus funciones, por haber obrado con falta de integridad, de transparencia, de imparcialidad, de probidad y de decoro que les exigimos a los magistrados de la Nación", se indicó en la imputación al magistrado.
Consejo de la Magistratura | El juez federal Marcelo Bailaque quedó más cerca del juicio político
El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, quien renunció a su cargo pero esa renuncia no fue aún aceptada, no se presentó hoy en el Consejo de la Magistratura para defenderse y quedó más cerca de su juicio político.El magistrado, acusado de actuar en connivencia con narcotraficantes y de extorsionar a empresarios, permanece en su casa, con arresto domiciliario.Bailaque había sido citado este martes para defenderse en el Consejo de la Magistratura, pero optó por no ir y envió su descargo por escrito. El juez federal rosarino había sido citado en los términos del artículo 20 de la Comisión de Acusación, similar a la declaración indagatoria. El magistrado decidió presentar un escrito en su defensa en el expediente 129/2024, donde se investiga su conducta. Además se convocó a una nueva reunión de la Comisión de Acusación para el jueves 19 de junio a las 10.30.La Comisión de Acusación analiza el asunto porque es probable que no se le acepte la renuncia a Bailaque, para que siga siendo juez y en tal condición enfrente un jury que acabe con su destitución.La diferencia entre la destitución y la renuncia es que en este último caso tendría derecho a cobrar su jubilación. Bailaque presentó la última semana su renuncia al cargo condicionando que se haga efectiva a partir del 1 de julio. La decisión de aceptarla o no está en manos del Poder Ejecutivo. En caso de rechazarla, el juez continuará bajo investigación de la Comisión de Acusación, que deberá seguir el trámite disciplinario hasta llegar al Jury de Enjuiciamiento.A fines de mayo, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad tres acusaciones contra el juez Bailaque. De la votación no participaron los dos consejeros del kirchnerismo, Vanesa Siley y Rodolfo Taihlade, que estaban en México como veedores por una actividad del Congreso -pidieron cambiar la fecha, pero se decidió avanzar-. Tampoco votó la radical Roxana Reyes, que se excusó porque un asesor suyo es hijo del abogado del juez Bailaque.Los cargosLos cargos que pesan sobre el juez y podrían apartarlo de sus funciones son tres. Se lo acusa, por un lado, de haber actuado con imparcialidad en causas asociadas a Esteban Lindor Alvarado, un líder narco de Rosario, con quien Bailaque, entre otras cuestiones, compartió contador. Se trata de Gabriel Mizzau, cuyo hijo, además, trabajó en el juzgado de Bailaque.A pesar de tener estos vínculos con Alvarado, el juez Bailaque no se apartó de causas en las que se lo investigan e, inclusive, habría obstaculizado algunas medidas de prueba, como intervenciones telefónicas."En concreto se ha analizado si la relación entre el doctor Bailaque y su amigo Mizzau pudo haber afectado el avance de una causa contra Esteban Alvarado", dijo Álvaro González, que encabezó la investigación del Consejo y el proyecto de citación.El segundo cargo contra el juez es haber armado una causa trucha contra el empresario y agente bursátil Claudio Iglesias para extorsionarlo, una maniobra que habría requerido la colaboración del financista Fernando Whpei, amigo de Bailaque, y el extitular de la AFIP rosarina, Carlos Vaudagna, que declaró como arrepentido y señaló que la causa fue, en efecto, orquestada.El tercer cargo formulado contra el juez surge de en una causa en la que debió investigar a Whpei. La entidad financiera de su amigo habría sido "indebidamente beneficiada", según describió Álvarez."En los tres cargos se que se imputan al doctor Marcelo Bailaque haber incurrido en mal desempeño de sus funciones, por haber obrado con falta de integridad, de transparencia, de imparcialidad, de probidad y de decoro que les exigimos a los magistrados de la Nación", se indicó en la imputación al magistrado.
El juez de Rosario Marcelo Bailaque fue citado a indagatoria por el Consejo de la Magistratura y quedó cerca de ir preso
El organismo aprobó una acusación del diputado de PRO Alvaro Gonzalez y el juez deberá hacer su descargo el 17 de junio. Se estima que a fines de mes se podría reunir el plenario para suspenderlo, quitarle los fueros y cumplir la orden de prisión preventiva que recae sobre el magistrado.
El Consejo de la Magistratura citó al juez Bailaque para el 17 de junio y aprobó los cargos en su contra
El Consejo de la Magistratura avanza en la causa contra el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque
El Consejo de la Magistratura avanzó con la investigación al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque: le pidió a la justicia que le envíe los tres expedientes en los que el magistrado está investigado por sus nexos con narcotraficantes y por inventar causas para obtener beneficios económicos de los falsos imputados.En la reunión de hoy de la Comisión de Acusación del organismo encargado de designar jueces y promover su remoción se aprobó la ejecución de las medidas de prueba propuestas por el consejero y diputado nacional Álvaro González, del larretismo.González es el consejero instructor de la investigación y había pedido incorporar al caso del Consejo de la Magistratura los tres expedientes judiciales que se encuentra instruyendo el Ministerio Público Fiscal de la Nación.En esos tres expedientes se investigan distintas conductas ilícitas del juez Bailaque, que habrían tenido lugar en el marco de su desempeño como magistrado.En uno de esos expedientes se investiga el vínculo entre el juez Bailaque con los contadores Gabriel Mizzau y Eduardo Semino, en supuestas maniobras de lavado de activos de la organización narcocriminal dirigida por Esteban Lindor Alvarado, actualmente preso. El juez tenía el mismo contador que el narco condenado.Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery advirtieron en los alegatos del juicio contra Alvarado que este jefe narco construyó su poder no sólo a partir de la violencia extrema, sino también a partir de la "complicidad del Estado".Los dos fiscales, que lograron en 2022 que Alvarado fuera condenado a prisión perpetua, fueron los primeros que dejaron expuesto a Bailaque. En el segundo de esos expedientes se investiga la relación del magistrado Bailaque y el empresario Fernando Whpei -quien sería su amigo-, debido a que el juez habría dispuesto el desbloqueo de fondos judicialmente inmovilizados, en favor de una entidad financiera que pertenecía a este allegado.En el último de esos expedientes se investiga al juez Bailaque, por el "armado" de causas contra los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto. En este expediente se presentó como "arrepentido" el extitular de la AFIP de Santa Fe Carlos Vaudagna, quien dio detalles de su relación con Bailaque y como había armado expedientes con el magistrado para obtener beneficios de los empresarios.Se investiga que el exjefe de la AFIP y Bailaque no actuaron solos, sino que en el fondo de esta trama aparece un engranaje de corrupción en el que participaron operadores judiciales de alto nivel en el país y empresarios que monetizaban "favores".La "extorsión" tuvo dos objetivos: cobrar una coima en dólares, aunque la misión principal, según interpretan varias fuentes ligadas al caso, era arruinar la reputación de Iglesias, que en ese momento aspiraba a convertirse en presidente del Grupo San Cristóbal Seguros, una compañía que está entre las cuatro que más facturan en el rubro, y era un hombre fuerte en el Mercado de Valores de Rosario. Después de la extorsión, Iglesias renunció a los dos cargos.Vaudagna se hizo rico con estas prácticas y ahora confesó todo. Negoció una pena reducida y pagará una multa de un millón de dólares, además de la entrega de una casa en un country.Ahora, su declaración judicial se incorporará al expediente disciplinario contra el juez federal de Rosario, que pese al escándalo sigue en funciones y dicta sentencias a diario.Recabar toda esa información resulta vital para el avance de la investigación instruida por el consejero González, que se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas.Si se confirman los hechos denunciados, el juez Bailaque podría terminar sentado frente al Jurado de Enjuiciamiento de la Nación, lugar donde se evalúa el mérito para la destitución de los jueces federales.
El Consejo de la Magistratura que preside Horacio Rosatti se prepara para desembarcar en Comodoro Py
El Consejo de la Magistratura, encabezado por el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, se prepara para desembarcar en los edificios judiciales de Retiro donde opera la justicia federal, papel en mano, para relevar no sólo las necesidades edilicias, sino también la presencialidad de los agentes judiciales, la cantidad de empleados por causas y las necesidades edilicias y de infraestructura. También para estar más cerca y guiar un movimiento judicial que sufrirá varios cambios con la instrumentación del sistema acusatorio.Por eso todo esta movida -dijeron fuentes judiciales a LA NACION- se realiza de cara al 11 de agosto, cuando el Gobierno anunció que lanzará la puesta en marcha del nuevo código procesal, que le da mas poder a los fiscales por sobre los jueces para la investigación de las causas por corrupción.En los tribunales la nueva misión es percibida como un intento de las autoridades del Consejo de la Magistratura por tener una presencia más directa en un momento crucial para jueces y fiscales, y monitorear los cambios hacia el sistema acusatorio. El proceso implica que tanto el fuero federal de Comodoro Py 2002 como el Penal Económico, del edificio vecino de Avenida de los Inmigrantes 1950, comenzarán a funcionar con un mecanismo que requiere reformas edilicias, salas de audiencia para grabar de manera digital las audiencias, pues desparece el expediente escrito y tecnología que no está.Rosatti visitó a los jueces de la Cámara de Casación y de la Cámara Penal Económico hace dos semanas y empezó esta revisión en Comodoro Py e Inmigrantes. Un equipo de nueve personas, con técnicos, arquitectos y abogados no solo están revisando el tendido eléctrico, las filtraciones, la provisión de agua o el acceso a firma óptica e internet para alojar las audiencias en la nube, sino que están revisando la cantidad de personal.Es que el nuevo sistema requiere personal en las fiscalías y no tanto en los juzgados y hoy el coeficiente es inverso. Hay cinco empleados judiciales por cada uno del Ministerio Público Fiscal, advirtieron los fiscales de Casación Raúl Pleé, Mario Villar y Javier de Luca.Los fiscales hicieron un sonoro reclamo en una carta dirigida al Procurador Eduardo Casal -pero en realidad por elevación al Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona- donde advirtieron -de manera elegante- que sin plata el sistema funcionará "de manera deficiente". "Va a haber todo lo que piden los fiscales", dijo una fuente del Ministerio de Justicia a LA NACION.Hay juzgados federales superpoblados con 50 personas y fiscalías que no llegan a 10 personas. Por eso se está haciendo este relevamiento donde además se comprobó que hay pocas causas para muchos empleados y hay poca presencialidad para pocas causas.La ley permite los traslados del Poder Judicial al Ministerio Público solo con audiencia de ambas cabezas y empleados. Hoy no están previstos traslados masivos, explican en tribunales.Pero sí se dieron casos de empleados que toman licencia sin goce de sueldo en el Poder Judicial y van a trabajar a las fiscalías por un cargo superior. A los dos años, al no poder renovar esas licencias, optan por quedarse en el Ministerio Público.Una de las herencias de la pandemia fue la desaparición de las tareas presenciales diarias de toda la dotación de los juzgados. Hoy en los pasillos de tribunales no circulan casi empleados, ya que van a trabajar presencialmente días si y otros no. Con los jueces ocurre lo mismo.En los tribunales orales hay juicios, que se pueden hacer on line, pero los jueces en general asisten diariamente y se conectan desde sus despachos o están en la sala de audiencias. Hoy esta dinámica de funcionamiento está en la mira del Consejo de la Magistratura.Se están relevando la infraestructura y los recursos humanos. El Ministerio de Justicia sacó de la órbita del Congreso la implementación y la puso a su cargo.La administración nacional trabaja sin un presupuesto aprobado y con la deuda del Poder Ejecutivo, que tiene 183 pliegos de jueces para elevar al Senado con sendas vacantes sin cubrir. Si se incluye a los fiscales y defensores oficiales las vacantes son mas de 200.El Consejo de la Magistratura ya hizo estos concursos pero el presidente no eligió aún un candidato de la terna para elevarlo al Senado y nombrarlo juez. En Comodoro Py faltan cuatro jueces de primera instancia, la mitad de los de los tribunales orales y tres de Casación.En el fuero penal Económico la Cámara tiene cuatro vacantes con solo dos jueces de seis, faltan mas de la mitad de los fiscales de primera instancia y un juez. el presidente Roberto Hornos pidió a Cúneo Libarona suspender el sistema hasta completar las vacantes, pero no tuvo éxito en su solicitud.El senador radical Maximiliano Abad dijo que el Poder Judicial tiene un "funcionamiento limitado" sin cubrir las vacantes está en riesgo el sistema acusatorio."Las vacantes de jueces, fiscales y defensores oficiales configuran un problema para la institucionalidad del país", expresó. "El otorgamiento de recursos y el acondicionamiento de la infraestructura, que hoy no está perjudica a los argentinos", sostuvo. Actualmente se da la paradoja de que no hay presupuesto aprobado y los fondos que debe girar el Gobierno a la Justicia dependen del mismo funcionario: el viceministro de Justicia Sebastián Amerio, que es representante del Poder del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y al mismo tiempo presidente de su comisión de Administración y Finanzas. "Es responsabilidad total y absoluta de Amerio" dicen en los tribunales. En el ministerio prometen que los fondos están.El Consejo está preparando además un diagnóstico que determine cantidad de causas por personal, en cada juzgado y también haciendo una ratio de presencialidad vs. cantidad de causas en trámite.El entrecruzamiento de datos empezó el martes de la semana pasada cuando se empezó a relevar información en los edificios judiciales y ahora se avanza con los datos virtuales y de estadística.
El Consejo de la Magistratura se reúne hoy en medio de una dura negociación por las presidencias de las comisiones
El Consejo de la Magistratura celebra hoy su primer plenario en cuatro meses. El parate responde, en buena medida, a las tensiones que desde el año pasado recorren al órgano que selecciona y remueve por un asunto puntual: la renovación de las autoridades en sus cinco comisiones, el ámbito donde el Consejo despliega su actividad diaria. El tema reparte a los consejeros en dos zonas definidas. De un lado, se ubican aquellos que, al frente de las comisiones o a gusto con sus autoridades, promueven la continuidad. Argumentan que todavía hay mucho por hacer. Del otro lado están quienes aspiran a presidir y pujan por una rotación. Resaltan lo importante del recambio en las instituciones y dicen que es lo que imponen las normas. Los más optimistas consideran que las diferencias pueden conciliarse y que hoy se sellará un acuerdo. Sin embargo, el órgano arrastra esta mochila hace tiempo y la fecha del plenario se vio aplazada en más de una oportunidad. La de hoy, de hecho, estaba prevista para la semana pasada. Si las conversaciones, que están activas, no prosperan, habrá que votar y juntar mayoría de 11 para ver quien, de ahora en más, tendrá el manejo de los tiempos dentro de cada una de las comisiones. La de Disciplina, que investiga y evalúa el comportamiento de los jueces, y la de Acusación, donde se inicia el proceso de remoción, están vacantes desde el fallecimiento de Héctor Recalde, en diciembre, y la salida del abogado Miguel Piedecasas por un acuerdo político. Sus reemplazantes, Cesar Grau y Alberto Maques, respectivamente, juraron como consejeros a fin del año pasado, pero nunca fueron integrados a las comisiones. Esto se constituyó en un reclamo permanente para el kirchnerismo. Sus cinco consejeros integran el único bloque uniforme dentro del Consejo. En señal de protesta, acostumbran a no sentarse para dar quorum en las comisiones. Existe, además, otra cuestión de fondo: cuestionan la actitud de la Justicia, y en especial de la Corte, con su jefa política, Cristina Kirchner, en la causa Vialidad. La Comisión de Disciplina quedará, se anticipa, en manos del kirchnerismo. Por su parte, Maques aspira a, en un mismo movimiento, asumir el lugar que reclama como propio en la de Acusación. Para eso debe ganarle la pulseada al senador Luis Juez, hoy cercano al oficialismo, que también busca esa silla. La Comisión de Administración Financiera, que supervisa la ejecución del presupuesto de la Justicia -con la Corte como excepción- es presidida por el diputado larretista Álvaro González, que apunta a renovar su mandato. Ese lugar es pretendido por el representante del Poder Ejecutivo, Sebastián Amerio, la mano derecha de Santiago Caputo en la Justicia, y el único con ADN 100% libertario dentro del Consejo. No son pocos los que ven con buenos ojos que el Gobierno, a través de Amerio, pueda ver de primera mano cuán ajustado está el presupuesto de la Justicia. La abogada Fernanda Vazquez, que llegó al Consejo con el apoyo del Frente de Todos, también busca estirar su mandato al frente de Selección, la comisión encargada de los concursos y la confección de las propuestas de pliegos. Vazquez tiene un activo: el año pasado el Consejo elevó 96 pliegos, el mayor número desde 2018. La abogada Alejandra Provítola, de Compromiso Judicial, apunta a sustituirla desde la vicepresidencia. Otro defensor del actual ordenamiento es el juez Alberto Lugones, camarista federal de la sala II de San Martín, que preside la Comisión de Reglamentación, encargada de la vida interna del órgano. El camarista es de la Lista Celeste, ligada al peronismo, pero es autónomo dentro del Consejo. Jimena de la Torre, históricamente vinculada al Pro, pero hoy más cercana al oficialismo, se ubica en el bando del recambio y podría pedir presidir esta comisión. También está en juego la vicepresidencia. Rosatti se corrió de la discusión por las comisiones, pero apunta a retener como su vice a la jueza Agustina Díaz Cordero. Algunos de los que pujan por el recambio advierten que el reglamento señala que la vicepresidencia dura solo un año y puede ser renovada en una sola oportunidad. Díaz Cordero juró en abril de 2023 y su mandato, entonces, estaría cumplido.
Juez cerca de presidir la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, mientras apunta al 2027
Si bien el senador no descarta ser candidato a Diputado en las legislativas de octubre, no ve con buenos ojos hacer campaña en el 2025. Desde su entorno asegura que los ofrecimientos en el Gabinete Nacional fueron múltiples pero que no es el momento de exponerse tanto. Además, cuál fue el consejo que Juez le dio a Milei en la última conversación entre ambos. Leer más
El Consejo de la Magistratura está trabado: desde diciembre no se reúne en plenario
Cuando el Consejo de la Magistratura celebre su próxima reunión de labor, prevista para miércoles de la semana próxima y postergada en más de una oportunidad, se estará a pocos días de que se cumplan cuatro meses desde su último encuentro, el plenario celebrado el 19 de diciembre.Para algunos miembros del Consejo, representantes del estamento político, tamaña distancia entre las fechas no solo es inusual, sino también un reflejo de los problemas que aquejan a la dinámica interna del órgano colegiado, encargado de evaluar la conducta de los jueces y conformar las ternas para llenar las vacantes en la justicia nacional y federal, entre otras tareas.Voces ligadas a su conducción, en manos del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, afirman, en cambio, que la maquinaria está lejos de estar trabada. Exhiben, entre otras cuestiones, las pruebas de oposición en los concursos destinados a cubrir vacantes en Misiones, Santa Fe y Córdoba, y la cantidad de ternas enviadas al Ejecutivo el año pasado: más de 90.Pero ese mensaje no termina de convencer a todos los sectores. "Estamos en un problema", reconoce un consejero no peronista que, sin sobredimensionar la gravedad del asunto, sugiere que a esta altura del año deberían haberse realizado al menos dos reuniones plenarias. Allí se pone la puntada final a lo que se trabaja de forma compartimentada en las comisiones.Uno de los asuntos principales que genera ruido y conversaciones políticas, incluido en la agenda de debate del próximo miércoles, es la renovación de las autoridades en las cinco comisiones permanentes del Consejo. Su composición es estratégica: instruyen los sumarios contra jueces, seleccionan a los candidatos para cubrir vacantes o controlan el presupuesto del Poder Judicial.Sin sorpresas, quienes todavía no han sido autoridades de ninguna comisión pujan por el recambio; aquellos que la ejercen o están cómodos con los actuales, son promotores de que se mantenga el statu quo.Según el bloque que representa políticamente al peronismo en el órgano, que cuenta con cinco consejeros, la renovación de las autoridades y la composición de las comisiones hacia abajo son algunas de las razones por las cuales no se llamó a una reunión de labor en los últimos meses.El peronismo considera que las comisiones de trabajo no están "integradas debidamente" puesto que los reemplazantes del fallecido Héctor Recalde y el renunciado Miguel Piedecasas, César Grau y Alberto Maques, respectivamente, no tomaron el lugar que cada uno de sus antecesores ocupaba dentro de las comisiones, pese a que se les tomó juramento en diciembre.Recalde, por caso, encabezaba la comisión de Disciplina, donde se tramitan e investigan las denuncias contra los jueces. El último dictamen que figura en la página del Consejo data de noviembre.Algunos consejeros sostienen que la integración solo puede materializarse en una reunión plenaria. Otros, que ese reemplazo no es automático y demanda nuevos acuerdos políticos.Desde el sector alineado con la presidencia del Consejo refrendan que la integración no requiere necesariamente una reunión plenaria y que el problema para convocarla es, en realidad, la dificultad para coordinar agendas entre los distintos estamentos.En la última reunión de la Comisión de Administración y Financiamiento, luego de que se presentara una propuesta piloto para automatizar procesos judiciales, impulsada por la abogada de Pro, Jimena de la Torre, la sesión se cayó por falta de quorum.Se ausentaron los tres representantes del peronismo, Rodolfo Tailhade, María Inés Pilatti y Mariano Recalde; la propia De la Torre, que se retiró luego de exponer; el representante del Ejecutivo, Sebastián Amerio, mano derecha del asesor Santiago Caputo; la jueza Alejandra Provítola y el académico Guillermo Tamarit.El fracaso ofreció una foto en comunión de dos de los tres facciones que parten al Consejo: el bloque peronista, una zona más difusa ligada al Gobierno -en la que también hay que contar a Luis Juez- y otra más cercana a la conducción del Consejo, con Rosatti a la cabeza, que se quedó a sesionar en la Comisión de Administración y Financiamiento.Un caso testigoEntre los casos más delicados que tiene pendiente el Consejo de la Magistratura está definir el futuro del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, acusado de haberse enriquecido extorsionando a empresarios, entre otros supuestos delitos. La Comisión de Acusación del Consejo se quedó sin presidente y, por eso, el consejero Álvaro González (Pro), que instruye el caso, le pidió al vicepresidente, el kirchnerista Rodolfo Tailhade que ordene medidas de prueba para hacerse de actuaciones judiciales relacionadas con Bailaque, con el propósito de avanzar con la investigación.Tailhade hizo saber que no las ordenará hasta que no se regularice la situación de la comisión. El peronismo le adjudica a la presidencia, a cargo de Horacio Rosatti, no estar avanzando con la renovación. Quienes cuestionan a Tailhade dicen, en cambio, que él podría ordenar por sí mismo esas medidas que no está disponiendo.PliegosPor fuera de las diferencias políticas, no son pocos los que dentro del Consejo apuntan contra el Poder Ejecutivo. Además de reclamar una ampliación de presupuesto para el funcionamiento de la Justicia, le achacan no enviar al Senado los pliegos de los jueces que tiene en su poder.A excepción de sus candidatos para la Corte, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el Gobierno no remitió a la Cámara alta el nombre de ningún magistrado para cubrir las vacantes que afectan a casi un tercio del Poder Judicial.El dato se agrava si se considera que en 2024 el Consejo elevó más de 90 ternas, algo que no ocurría desde 2018. "Que no se puedan poner de acuerdo con los jueces de Comodoro Py, bueno; pero que no puedan nombrar un juez de familia...", se quejaba un consejero.
El Consejo de la Magistratura investiga a su ex administrador por irregularidades y acoso sexual
El organismo comenzó a investigar a Federico Vincent. El Cuerpo de Auditores del Consejo de la Magistratura de la Nación empezó a tomar testimoniales en los seis sumarios que la abrieron. Lo defiende un abogado de Cristina Kirchner.
Crece el escándalo del juez Bailaque: sus reuniones con el "arrepentido", la pista narco y las pruebas en el Consejo de la Magistratura
El magistrado federal de Rosario admitió que conocía a Carlos Vaudagna, ex jefe regional de la AFIP, quien hizo esta semana un acuerdo con la Justicia y confesó diferentes delitos. Qué dijo de un empresario al que tenía que investigar. Y los bienes que le entregó al Estado
El Consejo de la Magistratura implementa inteligencia artificial para ser usada por los magistrados
El Consejo de la Magistratura ha comenzado un proyecto para pone en marcha herramientas de la inteligencia artificial (IA) y los modelos de lenguaje de gran escala con el objetivo de transformar las operaciones y mejorar la experiencia de los usuarios, tanto internos como son los jueces y funcionarios judiciales, como externos, por ejemplo los abogados y justiciables.Con la intervención de la Dirección General de Tecnología, se lanzó esta idea adoptada el año pasado en el plenario del consejo del 29 de mayo del 2024 cuando se aprobaron medidas de digitalización, despapelización y transparencia. Y a fin de año en la reunión plenaria del 18 de diciembre del año pasado se integró el Comité de Innovación y Modernización de la Comisión de Administración y Financiera.El proyecto se encuentra en su estadio inicial o beta a consideración de las autoridades y recoge las iniciativas de los consejeros y usuarios. El equipo del proyecto lo componen el director de la Dirección General de Tecnología Hernán Rondinella, junto a Nicolás Heit y Juan Pautasso.En el Consejo mencionan que la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial promete un impacto significativo en la gestión del Poder Judicial, dado que esas herramientas están diseñadas para mejorar la experiencia de los usuarios como los empleados, jueces abogados y justiciables como la eficiencia de los procesos internos.Esperan los consejeros conseguir una mejora, eficiencia, reducir los tiempos de respuesta de la justicia, mejorar el uso de los recursos humanos, la seguridad y confidencialidad de los procesos. Se piensan usar estas herramientas para asistir a los usuarios externos, dar soporte interno, clasificar las incidencias, trabajar en un asistencia conversacional de jurisprudencia, cargar los fallos de manera asistida para el sistema de jurisprudencia y desarrollar otros asistentes específicos para los portales del Poder Judicial.
El gobierno analiza denunciar ante el Consejo de la Magistratura a la jueza que liberó a los detenidos
El ministro de Jusiticia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, lo anunció a través de un posteo en la red social X. "La jueza de la Ciudad Karina Andrade, en lugar de investigar quién envió a esos barras a sembrar el caos, decidió liberarlos en menos de 8 horas", dijo. Leer más
El Gobierno denunciará ante el Consejo de la Magistratura de CABA a la jueza que liberó a los detenidos por los incidentes en el Congreso
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó que se analizará la actuación de Karina Andrade por "posible incumplimiento de sus funciones". La magistrada argumentó que la policía suministró información imprecisa sobre las detenciones